Más de 55,000 casos de tarjetas de residencia basadas en peticiones familiares se encuentran pendientes en Florida, según un informe elaborado por la organización Manifest Law (este link está en inglés).
El retraso del estado es el mayor de todo el país, en un contexto donde el total de solicitudes pendientes ha alcanzado una cifra récord.
Esto significa que los inmigrantes en Florida serán los más afectados por el cambio en la política federal (este link está en inglés), lo cual podría complicar todavía más el proceso para convertirse en residentes permanentes legales.
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California ocupa el segundo lugar en casos pendientes, con 48,018.
De las 89 oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que procesan residencias permanentes, Orlando se ubica en el quinto puesto con 11,486 solicitudes pendientes en el año fiscal 2025.
Datos sobre las tarjetas de residencia
Los inmigrantes pueden obtener la residencia permanente legal, conocida como tarjeta de residencia o "green card", a través de sus empleadores, vías humanitarias u otros programas.
Sin embargo, la vía más común (este link está en inglés) para emigrar de forma legal ha sido mediante un vínculo familiar.
De las 744,933 tarjetas de residencia aprobadas dentro de Estados Unidos en 2025, el 58% se otorgó por motivos familiares.
En Florida, se concedió la residencia permanente legal a 86,090 personas (este link está en inglés) mediante el ajuste de estatus en 2023, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
Florida ocupa el segundo lugar, después de California, en el número de tarjetas de residencia aprobadas a nivel nacional.
Tampa ocupa la octava posición con 9,634 solicitudes.
El gobierno de Trump anunció en mayo (este link está en inglés) que los inmigrantes deberán regresar a sus países de origen mientras esperan la resolución de su tarjeta de residencia, rompiendo con una política de larga data que les permitía permanecer en Estados Unidos durante el proceso.
Bajo la nueva normativa (este link está en inglés), a los inmigrantes solo se les permitirá quedarse mediante el proceso conocido como "ajuste de estatus" (este link está en inglés) bajo "circunstancias extraordinarias".
Este posible giro hacia el denominado "trámite consular" (este link está en inglés) en el extranjero podría agravar los tiempos de espera, ya que los consulados estadounidenses en otros países enfrentan sus propios retrasos.
Mientras tanto, los inmigrantes se verían obligados a vivir separados de sus familias y a dejar sus empleos en Estados Unidos, potencialmente por meses o años.
Desde entonces, el gobierno se ha retractado del memorando de mayo (este link está en inglés) e indicó que la mayoría de los inmigrantes no tendrán que salir de Estados Unidos. Sin embargo, al no contar con directrices adicionales sobre quiénes son elegibles para el ajuste de estatus, tanto abogados como funcionarios de inmigración se encuentran en la incertidumbre.
Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración de Manifest Law, señaló que el memorando, a pesar de la rectificación del gobierno, ya ha afectado la manera en que algunos funcionarios de inmigración entrevistan a los solicitantes.
Mencionó que algunos abogados están "recibiendo solicitudes de evidencia para casos pendientes —casos que se presentaron hace dos años— en las que se pide al cliente explicar por qué merece solicitar la tarjeta de residencia dentro de Estados Unidos en lugar de ir al extranjero".
No obstante, Urizar aclaró que no todos los funcionarios de inmigración siguen la misma línea de interrogatorio, lo que demuestra la confusión incluso dentro de USCIS.
¿Qué podría cambiar?
Tradicionalmente, la ley de inmigración ha permitido que las personas que ingresaron a Estados Unidos legalmente y mantuvieron un estatus migratorio regular soliciten su tarjeta de residencia dentro del país.
Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, afirmó que existen más de 70 años de precedentes al respecto.
"Este memorando redefine el ajuste de estatus como un recurso excepcional en lugar de un trámite rutinario; por eso esta nueva política es tan significativa, porque no sabemos cómo se va a implementar", explicó Chung.
Durante los últimos 25 años, la mayoría de las tarjetas de residencia se han aprobado dentro del territorio nacional mediante el ajuste de estatus, y no en el extranjero, según el Pew Research Center (este link está en inglés).
El cambio también podría perjudicar gravemente a los familiares directos que han permanecido en el país tras el vencimiento de sus visas.
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Por lo general, los familiares directos (este link está en inglés) de un ciudadano estadounidense pueden solicitar la tarjeta de residencia dentro de Estados Unidos, incluso si han excedido el tiempo (este link está en inglés) de permanencia de su visa, siempre que cumplan con otros requisitos de elegibilidad, como haber ingresado legalmente al país y aprobado rigurosas verificaciones de antecedentes.
Bajo este entendido, algunas personas permitieron que sus visas originales expiraran mientras esperaban el procesamiento de su tarjeta de residencia.
Sin embargo, con el cambio de política, los clientes temen verse obligados a regresar a sus países de origen, lo que activaría sanciones que les impedirían reingresar a Estados Unidos durante varios años.
La duración del castigo puede variar de tres a diez años, dependiendo del caso particular de cada individuo y del tiempo de "estatus ilegal" acumulado.
"Podrían ser años de separación y de trámites, por lo que el impacto obviamente no es solo para el inmigrante, sino también para el ciudadano estadounidense que realiza la petición", advirtió Chung.
Urizar señaló que la intención original de la ley era "evitar la separación familiar, permitir que las personas tengan estabilidad en sus vidas; personas que tienen trabajos y carreras en Estados Unidos".
Ante la expectativa de una carga de la prueba más estricta, algunos abogados han comenzado a presentar argumentos legales para explicar por qué sus clientes merecen permanecer en Estados Unidos mientras esperan su tarjeta de residencia.
"Legalmente no es un requisito, no es algo que hayamos visto antes en este ámbito o en la práctica, pero es algo que ya está sucediendo", comentó Urizar.
Al mismo tiempo, el gobierno ha suspendido el procesamiento de visas en más de 70 países (este link está en inglés), lo que genera una enorme incertidumbre para los ciudadanos de esas naciones.
"Si se les dice a las familias que el integrante no ciudadano debe regresar a su país de origen para tramitar su visa de inmigrante, pero las visas de inmigrante no se están procesando allí, se genera un callejón sin salida. Estas políticas provocarán, en la práctica, una separación indefinida de las familias", declaró World Relief (este link está en inglés), una organización humanitaria y de defensa de los derechos de los inmigrantes.
Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Julio Ochoa a julioochoa@wusf.org.
