Para recibir una green card (residencia permanente), los solicitantes ya deben demostrar que son autosuficientes y que no se convertirán en una carga pública.
Sin embargo, una nueva regla (este link está en inglés) que está programada para entrar en vigor el 18 de septiembre amplía esa definición y otorga a los oficiales de inmigración un mayor margen de maniobra para determinar quién dependerá demasiado de la asistencia del gobierno.
La administración Trump rescindió una regla de la era de Biden que limitaba la carga pública a dos tipos de beneficios: asistencia en efectivo e institucionalización a largo plazo, lo que incluye la estancia en un asilo de ancianos o en un centro de salud mental.
La administración aún no ha especificado qué tipos de asistencia pública contarán en contra de los inmigrantes.
Sin embargo, sin las limitaciones de la era de Biden, defensores de los derechos de los inmigrantes y abogados señalaron que esto podría incluir una amplia gama de beneficios, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Medicaid o vales de vivienda.
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La nueva regla también penalizaría a los solicitantes de la residencia permanente por los miembros de su familia que utilicen beneficios; por ejemplo, hijos ciudadanos estadounidenses que asistan al programa Head Start o reciban cupones de alimentos.
Alina Husain, una abogada de inmigración radicada en Tampa, dijo que la incertidumbre ha generado mucho temor entre sus clientes.
"Tengo muchos clientes muy preocupados porque simplemente no saben cómo se van a aplicar realmente estas reglas", afirmó Husain.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado (este link está en inglés) en el que afirma que, con la nueva regla, "los oficiales del USCIS están facultados para evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso para cada solicitante", y que la administración Trump está protegiendo a los estadounidenses de pagar por beneficios destinados a inmigrantes que se encuentran de manera indocumentada en el país.
Jean Espinoza, un abogado de inmigración radicado en Lakeland, reconoció la preocupación de la gente por tener que pagar la cuenta de la asistencia pública.
"Sin embargo, la cuestión es si esto se prestará a abusos al tomar estas determinaciones y se terminará prohibiendo a personas a las que no se les debería prohibir obtener la residencia permanente", señaló Espinoza.
La nueva regla no se aplicaría a quienes presenten una solicitud de residencia permanente antes de la fecha límite del 18 de septiembre.
Florida alberga el mayor rezago de peticiones de residencia permanente (este link está en inglés) por vía familiar en todo el país.
Husain afirmó que la mayoría de las personas que reciben beneficios públicos son ciudadanos estadounidenses o personas que ya cuentan con la residencia permanente.
Además, los inmigrantes sin un estatus legal no pueden acceder a la mayoría de los beneficios, salvo excepciones como la educación pública o el Medicaid de emergencia, señaló.
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Dijo que la regla, aunque aún no se ha implementado oficialmente, ya está desanimando a algunas personas de familias con estatus migratorio mixto a acceder a ciertos programas.
"Es posible que no vayan a solicitar los beneficios públicos a los que de otro modo tendrían derecho, simplemente porque tienen miedo de cómo eso podría afectar a sus familiares que no son ciudadanos", explicó Husain.
Un estudio del Instituto CATO (este link está en inglés) reveló que los inmigrantes, incluidos aquellos con presencia legal en el país —como los beneficiarios del TPS, los solicitantes de asilo, los residentes permanentes legales y otros titulares de visas temporales—, tienen muchas menos probabilidades de ingresar al sistema de asistencia social.
Maddie Geschu, directora de políticas y defensa de la Coalición Protegiendo a las Familias Inmigrantes (PIF, por sus siglas en inglés), dijo que, sin la orientación adecuada, la evaluación de carga pública puede verse influenciada por sesgos personales y políticos.
"Se está dejando a criterio del oficial de inmigración el determinar... si su familiar podría convertirse en una carga pública en el futuro", advirtió Geschu.
Geschu señaló que la regla de carga pública no aplica a quienes ya son titulares de la residencia permanente y están solicitando la naturalización.
Algunos solicitantes de la residencia permanente bajo programas humanitarios específicos también podrían estar exentos de la regla.
Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Julio Ochoa a julioochoa@wusf.org.
