Los estudiantes que soliciten ingreso a las universidades públicas de Florida deberán demostrar que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país si se aprueba una política propuesta.
La normativa exigirá (este link está en inglés) que los solicitantes "proporcionen documentación clara y convincente de que él o ella es ciudadano de los Estados Unidos o que se encuentra legalmente presente en los Estados Unidos antes de que se le conceda la admisión a la institución".
Otra parte de la norma permite a las universidades estatales "denegar la admisión o la inscripción a un solicitante por conducta inapropiada si se determina que es en el mejor interés de la institución del Sistema de Colegios de Florida".
El Departamento de Educación propone el cambio después de que los legisladores estatales no lograran (este link está en inglés) aprobar restricciones similares (este link está en inglés) para las universidades públicas en la pasada sesión legislativa.
Norín Dollard, analista principal de políticas del Instituto de Póliza de Florida, un centro de investigación no partidista, señaló que, sin una ley de por medio, el estado podría estar excediéndose en sus funciones.
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"Una norma no tiene como fin crear una política, una norma tiene como fin implementar una política", afirmó Dollard.
Citó la ley de Florida (este link está en inglés) que establece que "una agencia sólo puede adoptar normas que implementen o interpreten los poderes y deberes específicos otorgados por el estatuto habilitante".
Si la política entra en vigor, el Instituto de Póliza de Florida estima que el Sistema de Colegios de Florida podría perder cerca de $15 millones (este link está en inglés) de dólares en ingresos por concepto de matrículas.
Al mismo tiempo, la inscripción en las universidades públicas (este link está en inglés) todavía se está recuperando para alcanzar los niveles previos a la pandemia.
"Parece una elección extraña que vayamos a rechazar ingresos cuando todavía no estamos atendiendo a todos los estudiantes que podríamos", comentó Dollard.
Las universidades públicas del estado operan con admisiones de puertas abiertas (este link está en inglés), lo que significa que se acepta a todos los solicitantes con un diploma de preparatoria o GED.
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Dollard dijo que la política socavaría la accesibilidad a la educación superior que se supone deben brindar las universidades estatales.
"Fundamentalmente, por motivos humanitarios, todos merecen ser educados, y nosotros, como sociedad, nos beneficiamos de una fuerza laboral bien educada y capacitada", dijo Dollard.
Una norma independiente (este link está en inglés) que el Departamento de Educación está considerando podría restringir aún más el acceso de los inmigrantes indocumentados a la educación superior. La propuesta exigirá la misma prueba de presencia legal para quienes soliciten programas de educación general para adultos.
Eso incluye programas "diseñados para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral del estado a través de la educación básica para adultos, educación secundaria para adultos, Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL), académicos aplicados para la instrucción de educación de adultos e instrucción para adultos con discapacidades".
Los opositores a la legislación, que incluyen a los grupos Seeds of Resistance, Florida Immigrant Coalition y American Friends Service Committee, consideran que el cambio podría efectivamente "convertir a las instituciones educativas en agencias de control migratorio".
Los grupos instan al público a expresarse en la reunión del Departamento de Educación en el Miami Dade College, programada para el 14 de mayo a las 9 a.m.
Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.
